Con la reforma constitucional de Sánchez, los políticos corruptos seguirán aforados

El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, durante su intervención en el acto Avanzamos con motivo de los cien dias de Gobierno

Los políticos acusados de corrupción en el ejercicio de su cargo seguirán siendo aforados a pesar de la reforma que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una reforma constitucional para “acabar con los aforamientos”, que consideró un privilegio de la clase política.

El presidente prometió reformar la constitución para poner fin a los privilegios judiciales que disfrutan los políticos, jueces, la realeza y otros altos funcionarios. El líder del Ejecutivo socialista dijo el lunes que la medida era necesaria para “restaurar la confianza de la gente en la política” en un país que ha sido sacudido por una serie de escándalos de corrupción en los últimos años.

Sánchez anunció ​​en el acto “Avanzamos” que marca los 100 días de Gobierno, una limitación del aforamiento a los asuntos vinculados con el ejercicio del cargo político, excluyendo ese blindaje jurídico de la vida personal.

Bajo un sistema de privilegios judiciales conocido como “aforamiento”, los legisladores y otros altos funcionarios se benefician de un sistema de privilegios judiciales para protegerlos de ataques espurios, lo que significa que solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo.

La Constitución de España de 1978 originalmente otorgó los privilegios al presidente del Gobierno, Casa Real, ministros y altos cargos, pero se había extendido a lo largo de los años para incluir jueces, fiscales, policías y otros.

El sistema cubre a unas 250,000 personas, incluidos cinco miembros de la familia real. España ha sido golpeada por una serie de escándalos de corrupción que afectan a partidos políticos de todo el espectro, la familia real, futbolistas, e incluso, sindicatos.

El partido socialista de Sánchez tiene solo 84 escaños en la cámara baja del parlamento de 350 escaños, el número más bajo para un gobierno desde que el país regresó a la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Pero la reforma constitucional planeada necesitaría ser aprobada por las tres quintas partes de la cámara, así como por las tres quintas partes del senado. Lo que significa que Sánchez necesitará el apoyo del Partido Popular para lograr la reforma constitucional.

Si todos trabajaran juntos, “esta reforma entraría en vigencia solo 60 días después de su presentación”, dijo el presidente del Gobierno.

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