El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en el Congreso, ha señalado que «la crisis de la COVID-19 ha hecho aún más necesario llegar a un acuerdo», de forma que las pensiones «ya se revaloricen con un marco estable el año que viene».
Para ello, Escrivá a subrayado la necesidad de tomar la iniciativa legislativa de forma urgente «con el objetivo de eliminar la incertidumbre de los pensionistas actuales y futuros».
El ministro ha indicado que es necesario «alcanzar cuanto antes un amplio acuerdo político» sobre la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones en el seno del Pacto de Toledo. En este aspecto, ha señalado que el borrador de recomendaciones actual es un «magnífico punto de partida» para llegar a este consenso. Una vez alcanzado el acuerdo político, el ministro ha indicado la conveniencia de conseguir también el consenso con los interlocutores sociales y, sobre esa base, iniciar la tramitación de un proyecto de ley para abordar la reforma del sistema de pensiones.
Según ha explicado el ministro, el sistema de pensiones español tiene algunas características peculiares. Una de ellas es la existencia de un mecanismo para revalorizar las pensiones que no tiene en cuenta la evolución de precios y salarios, «una excepción en comparación con los países con sistemas homologables al nuestro, de ahí la necesidad de su reforma». En otros aspectos, como la edad de jubilación, el gasto en pensiones en relación al PIB, o el nivel de cotizaciones, nuestro sistema es similar a los de otros países comparables, «al igual que lo son los retos que afronta a medio plazo, que son, en cualquier caso, asumibles».
Escrivá ha subrayado que esta situación no ha cambiado por la crisis de la COVID-19, que «tiene un impacto notable pero transitorio sobre las cuentas de la Seguridad Social».
En este contexto, el ministro de Inclusión ha anunciado cuáles serán las líneas de actuación del Ministerio si hay consenso político para la reforma de las pensiones, en línea con las recomendaciones del borrador. «A corto plazo, se profundizará la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social» (recomendaciones 1 y 6 del borrador).
En este sentido, el ministro ha anunciado que se iniciará en el próximo presupuesto la financiación de gastos impropios de la Seguridad Social, de forma que «al final de la legislatura quedaría eliminado el déficit previsto». Las estimaciones del Ministerio, según Escrivá, están «en línea con lo planteado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal». La medida, además, «ayudaría a mitigar las dudas sobre la sostenibilidad del sistema a corto plazo y centrar la atención en los retos a largo plazo».
Entroncadas con ello, el ministro ha anunciado medidas para sustanciar la recomendación 4 del borrador a través del impulso de la cotización por ingresos reales en el régimen de autónomos. «Tendrá una implantación gradual, no generará distorsiones significativas ni en los autónomos ni en la gestión administrativa y será implementada por tramos», según ha anunciado, lo que permitirá que un porcentaje elevado de autónomos vea reducidas sus cotizaciones.
Además, el ministro ha anunciado actuaciones en otros aspectos: el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones (recomendación 2), alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal (recomendación 12) y desarrollar los sistemas de previsión social complementarios (recomendación 16).
Sobre el primer punto, el ministro ha resaltado que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones «no sólo cumple con las recomendaciones del borrador, sino que también lo hace con el artículo 50 de la Constitución, de ahí su relevancia». Además, ha señalado que es un «elemento clave para dar certidumbre a los pensionistas y el conjunto de la sociedad y está en línea con los mecanismos de los países de nuestro entorno». Por todo ello, considera «clave que el próximo año ya se aplique un nuevo marco estable para la revalorización, que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas».
Respecto al aumento de la edad efectiva de jubilación para acercarla a la edad legal, Escrivá ha indicado que es una medida «que goza de una importante aceptación social y que, según los cálculos de la AIReF, tiene un impacto económico relevante». Así, ha planteado la necesidad de incentivar la demora en la jubilación, «que hasta ahora han tenido poca aplicación práctica», mediante una exhaustiva evaluación de la realidad del mercado laboral para los trabajadores próximos a la edad de jubilación, así como una reordenación de los incentivos existentes y una corrección de los «elementos distorsionantes de la jubilación anticipada». Con ello, el ministro de Inclusión cree que «se puede revertir la tendencia actual de crecimiento de las jubilaciones anticipadas voluntarias».
Finalmente, el ministro se ha comprometido a revisar el sistema actual de previsión complementaria, en línea con la recomendación 16 del borrador y con el encargo que ha realizado la AIReF al Gobierno. En este sentido, Escrivá ha subrayado que «sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones, es necesario impulsar los planes de empleo, trasladando hacia ellos la fiscalidad favorable que ahora mismo tienen los planes individuales». Según ha señalado, «a través de la negociación colectiva y de la creación de un fondo de pensiones abierto en la administración, se podría extender la población cubierta y reducir los costes de gestión».