El PP reclama al Defensor del Pueblo que abra una investigación sobre el nombre de los expertos

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“¿Por qué no cumplen la legalidad vigente, la Ley de Transparencia y la Ley de Salud Pública?”, se pregunta Gamarra, quien critica que el Ejecutivo impida conocer la identidad de los expertos y el contenido de los informes. La vicesecretaria de Política Social del PP critica la falta de transparencia del Gobierno en cuanto a los datos, la contratación y los procedimientos en la desescalada. “En un Estado de derecho, por mucho que estemos en un estado de alarma, los procedimientos son las garantías ante la arbitrariedad y la discrecionalidad”, asevera.

Sostiene que, pese a que el Ejecutivo habla de cogobernanza, “están gobernando en base al abuso de poder, de la mano de la confusión y la opacidad”. Exige al Ejecutivo que “aproveche el tiempo” para ir preparando un plan B para la desescalada con la legislación ordinaria. Propone, dentro del denominado Plan Cajal, una desescalada segura para los mayores, el uso obligatorio de mascarillas en la calle y medidas de protección individual.

Insiste en la necesidad de realizar test masivos a la población y pruebas a todos los profesionales de residencias de mayores y sanitarios, que registran más de 50.000 contagios. “Asuma su responsabilidad de dotarles de protección”, demanda a Illa. Plantea al Ejecutivo reservas estratégicas de equipos de protección, test y respiradores para afrontar la desescalada y los posibles rebrotes, dado que el Gobierno ha llegado tarde por una negligente política de compras”. “Es curioso que lleguen las efectuadas por las CCAA y que no lo hagan las del Estado. Al final, pez grande no es capaz de hacer lo que sí está haciendo el pequeño”, enfatiza.

Aboga por constituir una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial, que incluya una unidad de seguimiento de pandemias, “porque hay que fortalecer la salud pública. Anuncia que el PP ha registrado una proposición no de ley para que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición pase del Ministerio “florero” de Consumo al ámbito competencial de Sanidad. Reprocha al Ejecutivo el retraso del estudio de seroprevalencia, cuyos datos preliminares se dieron a conocer ayer “mientras que las decisiones políticas se adoptaron hace 10 días”, y que recoge que España registra diez veces más contagiados que las cifras oficiales que aporta el Gobierno.

Asegura que la fase de desescalada está marcada por la “improvisación, el caos y la descoordinación”. Reclama un protocolo específico para las residencias de mayores. “Se ha abandonado a los mayores desde el primer momento, no lo hagamos también en la desescalada”. Exige al titular de Sanidad protocolos que garanticen las condiciones de seguridad en la vuelta a todas las actividades, como en el ámbito educativo, donde se pregunta qué informes avalan la vuelta de escolares de 0-6 y los niños con discapacidad con patologías, el comercio o el turismo.

“¿Cuándo se va a rectificar la orden que establece la cuarentena de 14 días a los turistas que visiten nuestro país?”, se pregunta. Recuerda a los 27.321 fallecidos de forma oficial como consecuencia del COVID-19 y “a aquellos que no forman parte de las estadísticas pero que también nos han dejado”.

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