Los temores a una escalada en la «guerra de los lazos amarillos» en Cataluña están creciendo después de que un grupo de unos 80 ciudadanos de la “brigada blanca” ataviados con trajes blancos hayan retirado cientos de símbolos independentistas en los últimos días.
Una de las primeras consecuencias que derivaron en violencia, fue a la mujer que le rompieron la nariz en Barcelona después de que un hombre le propinara un puñetazo en la cara la porque sus hijos estaban sacando cintas de la barandilla del parque. Entonces le gritó a la mujer, que «regrese de donde vino». La policía arrestó a su agresor acusado de cometer un delito de odio.
Los simpatizantes de la independencia comenzaron a usar lazos amarillos en la solapa después de que la justicia encarcelara a varios líderes políticos catalanes por su papel en la declaración de independencia ilegal de octubre del pasado año. Los partidarios de la independencia pronto comenzaron a pintar con aerosol símbolos amarillos en la calle y en los edificios, y atar miles de cintas a las barandillas y edificios públicos. También plantaron cientos de cruces amarillas en playas y en plazas públicas.
La proliferación de cintas amarillas es vista por muchos como la colonización de una facción política de lo que creen que debería ser un espacio público neutral. Los Mossos d’Esquadra, dijeron a principios de este mes que habían identificado los nombres de 14 personas que se vieron quitando cintas en Tarragona.
Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, acusó al president, Quim Torra, de utilizar a la policía como una fuerza política. «La policía identifica a las personas que quitan las cintas pero no a los que las pusieron allí«, dijo Arrimadas, quejándose de que la policía estaba tomando medidas sólo contra aquellos que intentaban limpiar el espacio público, no contra quienes los estaban ocupando.
Torra defendió a la policía y dijo: «Han hecho lo correcto y cualquier fuerza policial habría hecho lo mismo, frente a un grupo armado con cuchillos que operaban al amparo de la oscuridad«. Por otro lado, María José Segarra, Fiscal General del Estado, dijo que «no es un crimen quitar o poner» cintas amarillas y que se trataba de libertad de expresión.
El último incidente, en el que un grupo organizado opuesto a la independencia condujo 100 km desde Cabrera de Mar a la ciudad de La Bisbal d’Empordà con el fin de eliminar los símbolos, marca una escalada significativa en el conflicto.
Más tarde el miércoles, Inés Arrimadas y Albert Rivera, se unieron a los ciudadanos en la retirada de símbolos independentistas.
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