El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 7 de junio a las cero horas.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha hecho un llamamiento a las fuerzas parlamentarias para que apoyen mañana la petición, que les trasladará el presidente Pedro Sánchez. Montero ha afirmado que el estado de alarma es el único instrumento jurídico que permite restringir la movilidad de la población, un factor clave para «luchar contra la pandemia del COVID-19 y salvar vidas».
En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa: «Es imprescindible el estado de alarma hasta el final del proceso de escalada, que va a seguir estando guiado por la prudencia, la cautela y la seguridad; cada paso que demos será un paso seguro».
Illa ha explicado que el texto aprobado consolida los principios de cogobernanza con los que se está dirigiendo la desescalada y reduce al Ministerio de Sanidad las autoridades delegadas competentes, bajo la superior dirección del presidente del Gobierno. Asimismo, deroga la disposición adicional segunda del Real Decreto del 14 de marzo para que vuelvan a contar los plazos procesales, de prescripción y la caducidad de derechos y acciones a partir del 4 de junio. También desde el 1 de junio volverán a contar los plazos administrativos.
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Uso obligatorio de mascarillas
El ministro de Sanidad ha confirmado que el uso de la mascarilla será obligatorio, además de en el transporte público como hasta ahora, en espacios cerrados, y en la vía pública siempre que no se pueda mantener la distancia interpersonal de seguridad de dos metros. Así lo ha decidido el Comité Técnico para la desescalada tras una reunión con el pleno de la Conferencia Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La medida entrará en vigor cuando la orden correspondiente sea publicada en el Boletín Oficial de Estado, «posiblemente mañana», ha dicho Illa.
Buena evolución de los datos
Salvador Illa ha repasado los últimos datos de contagios, que ha calificado de «buenos», ya que revelan un porcentaje de incremento que no supera el 0,5% diario, en línea con los objetivos marcados. Aun así, ha reiterado que hay que seguir actuando con máxima responsabilidad individual y cumpliendo las instrucciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias.
El ministro ha anunciado que las peticiones de las comunidades y ciudades autónomas para cambiar de fase en la desescalada ya han sido remitidas al Ministerio de Sanidad y que el miércoles y el jueves se celebrarán las reuniones bilaterales para analizarlas desde un punto de vista técnico y acordar sus términos, que se harán públicos el viernes.
Avales a pymes y autónomos
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se activa un nuevo tramo de 20.000 millones de euros de la Línea de Avales ICO íntegramente destinado a pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19.
Estos avales garantizan el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes y tiene una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años.
La línea de avales fue aprobada el 17 de marzo y dotada con 100.000 millones de euros. De los 84.500 liberados hasta la fecha en distintos tramos, 60.000 se han reservado para pymes y autónomos, lo que, ha señalado Montero, está en consonancia con la política del Gobierno de priorizar «de forma especial a pymes y autónomos en cada una de las medidas económicas que adopta».
La ministra ha detallado que, hasta el pasado domingo, se habían cerrado 394.543 operaciones de financiación, (un 98% de ellas para pymes) con un importe avalado de 38.631 millones de euros.
500.000 millones desde Europa
La portavoz del Gobierno ha celebrado la propuesta conjunta que han hecho pública Alemania y Francia para que se habilite un fondo de 500.000 millones de euros en transferencias directas de la Unión Europea, no reembolsables, a los Estados miembro para paliar los efectos de la crisis del COVID-19 y contribuir a sentar las bases de la reconstrucción. Montero ha señalado que no solo este acuerdo coincide con la posición española, sino que ha sido impulsado «de forma especial por nuestro país».
La ministra ha considerado que, con este paso adelante, la Unión Europea se aparta de «las soluciones clásicas» que aplicó a las crisis pasadas y pone el acento en que «los más vulnerables no se queden atrás en el proyecto de construcción europea».