El 13 de septiembre, un grupo de destacados médicos franceses pidió en una tribuna en el Journal du Dimanche que había llegado el momento «del pitido del final de la recreación». Entonces, el ejecutivo francés no adoptó ninguna restricción consecuente. Un mes después, el presidente Emmanuel Macron decretó, anteayer, el final de la fiesta con el anuncio de un toque de queda a partir del sábado a las 9 de la noche en París y ocho metrópolis más. Esta vez, sin embargo, la resaca puede ser más dura. El confinamiento nocturno será respetado? Sobrevivirán los sectores más afectados? Favorecerá un estallido de la crispación social y política?
Ayer, unos 80 agentes de la policía judicial registraron el domicilio del ministro de Salud, Olivier Véran, del ex primer ministro Édouard Philippe y los otros responsables ejecutivos. Se trataba de una operación en el marco de una investigación judicial preliminar para la gestión de la Covid-19. Al hacerse al día siguiente del anuncio del toque de queda, recordaba las consecuencias que pueden tener las pifias políticas en la crisis sanitaria.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunciaba que se desplegarán unos 12.000 policías para hacer respetar el toque de queda. En la misma rueda de prensa, encabezada por el primer ministro, Jean Castex, también indicó que se pondrían sobre la mesa 1.000 millones de euros en nuevas ayudas para los sectores más afectados por la parálisis de la vida nocturna. Según un sondeo publicado ayer por Le Figaro, un 64% de los franceses son favorables a la aplicación del toque de queda, pero un 59% aseguran que desconfían de Macron.
«El gobierno no ha estado a la altura y eso nos ha abocado a aprobar el toque de queda. Más que ante una crisis epidémica, estamos ante una crisis hospitalaria «, explicaba Maryse L., enfermera del hospital Tenon, presente ayer en una manifestación en París. Los sindicatos y colectivos de los trabajadores sanitarios organizaron protestas en toda Francia contra la falta de recursos humanos y materiales para afrontar la «segunda ola». En concreto, reprochan al Ejecutivo que no haya cumplido la promesa de doblar, hasta 12.000, el número de camas en los servicios de reanimación.