Argentina ha abierto un nuevo frente judicial contra Reino Unido por la explotación de petróleo en las islas Malvinas. El Gobierno argentino reclama la suspensión del proyecto Sea Lion, un importante yacimiento situado al norte del archipiélago, al considerar que su desarrollo vulnera sus derechos sobre los recursos naturales de un territorio cuya soberanía continúa en disputa.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, celebra los días 10 y 11 de noviembre las audiencias para estudiar la solicitud argentina. La decisión podría afectar directamente al calendario de explotación petrolera.
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Argentina intenta detener el proyecto Sea Lion
El yacimiento está desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, compañía británica que posee una participación del 35 % en las licencias correspondientes.
Las primeras perforaciones están previstas para 2027, aunque el inicio de la producción comercial llegaría posteriormente.
Buenos Aires sostiene que autorizar la extracción de petróleo mientras permanece abierta la disputa territorial constituye una actuación unilateral contraria al derecho internacional.
Argentina también advierte del carácter irreversible de la explotación: una vez extraído el petróleo, no sería posible devolverlo al yacimiento si una resolución posterior reconociera sus derechos.
La petición incluye medidas para suspender determinadas actividades petroleras, evitar nuevas autorizaciones y proteger el medio marino.
Qué puede decidir el tribunal y cómo afecta a Reino Unido
El tribunal no está decidiendo la soberanía de las Malvinas. Su intervención se limita a estudiar posibles medidas provisionales mientras se constituye el órgano arbitral encargado de examinar la controversia de fondo.
Para adoptarlas deberá valorar, entre otras cuestiones, la urgencia y la existencia de derechos que necesiten protección inmediata.
Reino Unido rechaza el planteamiento argentino y defiende su soberanía sobre las islas, así como el derecho de sus habitantes a desarrollar sus recursos económicos.
La resolución podría suspender temporalmente las actividades vinculadas a Sea Lion, establecer restricciones parciales o rechazar la solicitud argentina.
Rockhopper ha confirmado que sigue el procedimiento y espera una decisión antes de finalizar 2026.
El conflicto añade una dimensión económica a la histórica disputa territorial. La decisión judicial no resolverá quién tiene la soberanía de las Malvinas, pero sí podría condicionar el futuro inmediato de uno de sus principales proyectos energéticos.