Las grandes constructoras y concesionarias españolas preparan su regreso a la financiación de infraestructuras públicas tras años de escasa actividad en este mercado. Cataluña y Madrid concentran algunas de las principales oportunidades, con proyectos millonarios en hospitales, carreteras, estaciones de metro y edificios públicos que podrían contar con capital privado.
Empresas como Ferrovial, ACS, Sacyr, Abertis, FCC y OHLA siguen de cerca los planes de las administraciones para impulsar nuevas concesiones. El sector confía en que estos proyectos permitan recuperar un modelo de inversión que perdió protagonismo tras la crisis de las autopistas radiales y los cambios regulatorios de la última década.
La colaboración público-privada permitiría adelantar obras sin que las administraciones tengan que asumir todo su coste inicial, aunque los contratos pueden comprometer pagos públicos durante varias décadas.
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Cataluña prepara inversiones privadas por 3.300 millones de euros
La Generalitat ha anunciado un programa para movilizar 3.300 millones de euros de inversión privada en infraestructuras, dividido en dos fases.
La primera contempla actuaciones por 1.800 millones de euros, mientras que la segunda, todavía en estudio, podría alcanzar los 1.500 millones.
Entre los proyectos destacados figuran nuevas estaciones de la línea 9 del Metro de Barcelona, la ampliación de carreteras y la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
El Gobierno catalán también estudia incorporar al programa ampliaciones del metro y del tranvía de Barcelona, así como nuevas conexiones ferroviarias y actuaciones en Tarragona.
Uno de los proyectos más relevantes es el desdoblamiento parcial de la carretera C-16 entre Berga y Bagà, una intervención presupuestada en cerca de 500 millones de euros que ha despertado el interés de Abertis.
La Generalitat ha mantenido contactos con numerosas compañías para estudiar su participación. Su objetivo es acelerar obras que, financiadas exclusivamente con fondos públicos, podrían tardar décadas en completarse.
Hospitales y centros sanitarios atraen el interés empresarial
Las infraestructuras sanitarias también figuran entre los grandes proyectos que podrían abrirse a nuevas fórmulas de financiación.
En Barcelona destaca el futuro Campus de Salud Clínic-Universitat de Barcelona, con una inversión prevista de 1.500 millones de euros.
El complejo reunirá un nuevo hospital, instalaciones universitarias y espacios dedicados a la investigación médica.
En Girona, la Generalitat impulsa otro campus sanitario presupuestado en 740 millones de euros, que incluirá el futuro Hospital Universitari Josep Trueta y centros de formación e investigación.
Las autoridades catalanas estudian distintas alternativas para financiar estas actuaciones, incluida la participación privada. Por el momento, no todos los proyectos tienen decidido su modelo de contratación.
Madrid plantea una nueva autopista y grandes instalaciones de transporte
La Comunidad de Madrid estudia una autopista de 41 kilómetros entre Valdemorillo y Griñón, con una inversión estimada de 500 millones de euros.
La infraestructura conectaría las carreteras M-503 y M-407 y atravesaría el entorno de municipios como Brunete, Navalcarnero y El Álamo.
El proyecto podría desarrollarse mediante una concesión de entre 25 y 30 años, aunque todavía se encuentra en fase de preparación.
Otra de las actuaciones que despiertan interés es el futuro centro de operaciones de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en Las Tablas.
Las instalaciones ocuparán aproximadamente 95.000 metros cuadrados y tendrán capacidad para 620 autobuses. Las estimaciones apuntan a una inversión en obras superior a 200 millones de euros, pendiente de concreción oficial.
No obstante, el Ayuntamiento todavía debe determinar la fórmula de contratación, por lo que no está garantizado que se adjudique como concesión.
El Palacio de Congresos de Madrid ofrece un contrato de 1.550 millones
Entre las operaciones más avanzadas destaca la concesión del Palacio de Congresos de la Castellana, cerrado desde hace 14 años.
El contrato, promovido por Turespaña, tiene un valor cercano a 1.550 millones de euros y contempla un periodo de explotación de 40 años.
La rehabilitación del edificio requerirá una inversión aproximada de 105 millones de euros.
El concurso ha despertado el interés de consorcios liderados por FCC, junto a la estadounidense Oak View, y OHLA, asociada con el fondo Serena Partners.
El plazo para presentar ofertas se ha ampliado hasta mediados de diciembre.
Los principales proyectos de infraestructuras previstos en España
Las inversiones anunciadas reflejan el volumen de negocio que podría abrirse para el sector constructor durante los próximos años.
| Proyecto | Inversión o valor estimado |
| Campus Clínic de Barcelona | 1.500 millones € |
| Campus sanitario de Girona | 740 millones € |
| Autopista del Suroeste de Madrid | 500 millones € |
| Estaciones de la L9 de Barcelona | 500 millones € |
| Desdoblamiento de la C-16 | Cerca de 500 millones € |
| Centro de operaciones EMT Las Tablas | Más de 200 millones € |
| Palacio de Congresos de Madrid | 1.550 millones € de valor contractual |
Las cantidades corresponden a presupuestos estimados o valores contractuales de distinta naturaleza. No todas representan inversión privada comprometida ni proyectos con concesión adjudicada.
Las concesionarias quieren recuperar un mercado que cayó un 85 %
El interés empresarial contrasta con la evolución del mercado español de concesiones durante la última década.
Desde la aprobación de la Ley de Desindexación de 2015, el volumen de licitaciones de concesiones de obra se ha reducido un 85 %.
En 2025, estos contratos representaron únicamente el 1,9 % de toda la licitación pública, con un importe de 2.218 millones de euros.
Además, uno de cada cinco concursos terminó desierto, fue desistido o quedó sin adjudicar por falta de condiciones suficientemente atractivas para las empresas.
Las constructoras consideran que el sistema actual dificulta la rentabilidad de las inversiones a largo plazo, especialmente por la inflación y las limitaciones para actualizar las retribuciones.
Las principales asociaciones del sector reclaman cambios normativos que faciliten la entrada de capital privado y permitan recuperar proyectos que llevan años pendientes de ejecución.
Cómo funcionarán las nuevas concesiones y quién pagará las obras
Una de las fórmulas que gana protagonismo es el pago por disponibilidad, utilizado para financiar infraestructuras sin establecer necesariamente peajes directos para los ciudadanos.
Con este sistema, una empresa privada financia y construye la infraestructura. Posteriormente, la Administración le abona cantidades periódicas durante el plazo del contrato, vinculadas al mantenimiento y a la calidad del servicio.
En Cataluña se contemplan concesiones de hasta 35 años, mientras que algunos proyectos madrileños podrían establecer periodos de explotación de entre 25 y 30 años.
El modelo permite acelerar las inversiones, pero también genera obligaciones económicas futuras para las administraciones.
Su viabilidad dependerá de cómo se repartan los riesgos, del coste de financiación y de las condiciones económicas que se establezcan en cada contrato.
El sector identifica necesidades de inversión por 407.000 millones
La patronal de las grandes constructoras, Seopan, calcula que España necesita 407.000 millones de euros en infraestructuras durante los próximos diez años.
De esa cantidad, unos 280.000 millones corresponderían a nuevas obras y otros 127.000 millones a conservación y mantenimiento.
Las necesidades abarcan carreteras, infraestructuras ferroviarias, instalaciones energéticas, abastecimiento de agua y otros servicios esenciales.
El sector considera que las administraciones no podrán afrontar todo ese volumen de inversión exclusivamente con recursos presupuestarios.
El regreso de las concesiones podría abrir así una nueva etapa para las constructoras españolas, especialmente en Cataluña y Madrid. Sin embargo, el verdadero cambio dependerá de que los anuncios se conviertan en licitaciones y contratos viables. El capital privado está dispuesto a volver a las infraestructuras españolas, pero todavía necesita proyectos concretos y unas condiciones que hagan rentable invertir durante décadas.