El pasado 18 de abril, estudiantes, jubilados y empresarios salieron a las calles de Managua, capital de Nicaragua, para protestar contra la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Una reforma que el presidente del país, Daniel Ortega, aprobó de forma unilateral y con la que se aumentaban las contribuciones de trabajadores y empresarios y se imponía una retención del 5% a los jubilados.
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Las primeras víctimas de las revueltas
Al día siguiente, las protestas se recrudecen y se extienden a otras ciudades de Nicaragua. Es el momento en el que entran en juego los antimotines, quienes se encargan de reprimir a los estudiantes con un balance final al término de ese día de tres muertos: dos estudiantes y un policía.
Al mismo tiempo, Daniel Ortega comienza a tomar las primeras medidas ante las protestas, ordenando el cierre de dos cadenas de televisión independientes y un canal de la Conferencia Episcopal. Cierres que incendian más el ánimo del pueblo nicaragüense, lanzándose a la calle durante una semana muy convulsa en la que pierden la vida en las protestas más de 30 personas.
Marcha atrás de Ortega
Dada la situación reinante, el presidente Ortega decide retirar la reforma de la Seguridad Social. Un paso atrás que no acaba con las protestas y la violencia en las calles, hasta el punto de que el Gobierno decide desplegar el ejército en las ciudades más importantes del país para acabar con las revueltas.
Primeros intentos de negociación
No sería sino hasta el 18 mayo cuando tiene lugar la primera jornada de diálogo entre las partes. La Iglesia de Nicaragua se erige como mediadora, tomando protagonismo el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez. Con motivo de este día, se decreta una tregua de 72 horas. Sin embargo, esta no se cumple y la violencia sigue reinando las calles del país, por lo que se suspenden las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo.
Durante los días siguientes siguen las protestas en las calles, a pesar de que el presidente Ortega propone a Estados Unidos adelantar las elecciones del 2021 para solucionar la crisis. A su vez, la patronal convoca una huelga para presionar a Ortega con el objetivo de que regrese la paz al país.
Más de 350 muertos
El 15 de junio hay un nuevo intento de retomar el diálogo entre oposición y el gobierno. Unas conversaciones a las que invitan a mediadores internacionales y con la participación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien tilda la situación de muy grave. Sin embargo, vuelven a fracasar.
La Asociación Nicaragüense por los Derechos Humanos cifra ya en julio en 351 muertos las víctimas de las protestas y la violencia callejera. No por ello disminuyen las manifestaciones que piden la dimisión de Ortega ni los enfrentamientos con las fuerzas leales al Gobierno.
El asedio de Masaya y el adelanto de las elecciones
Tres meses después del inicio de las primeras revueltas, Estados Unidos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y trece países latinoamericanos exigen el fin de la violencia policial. Sin embargo, el presidente Ortega hace caso omiso de las exigencias y el 17 de julio asedia la ciudad de Masaya con más de 1.500 efectivos de la policía, el ejército y parapoliciales.
Ante este acontecimiento, la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reúne en sesión permanente el 18 de julio y aprueba el adelanto de las elecciones en Nicaragua para el 2019.