El Gobierno monitorizará la información para perseguir la «difusión deliberada, a gran escala y sistemática» de ‘fake news’. Aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 6 de octubre, este procedimiento es una respuesta a la petición de la Unión Europea de desarrollar y coordinar planes nacionales contra la desinformación.
Además, incide, en consonancia con el artículo 20 de la Constitución Española, en el derecho a la información veraz y plural como uno de los pilares que sustentan las sociedades democráticas. Un derecho que deben garantizar las instituciones, las Administraciones públicas y la propia sociedad, porque es el instrumento que permite a los ciudadanos formarse una opinión libre.
Con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Unión Europea, las acciones y procesos recogidos en el procedimiento ayudarán a mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido. El objetivo es evitar la injerencia extranjera en asuntos de interés nacional, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país.
Con la intención de atajar la desinformación, se pretende incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos, así como fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático.
Lo que busca España con este procedimiento es «definir una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos» y, en ningún caso, vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones, dentro del respeto a la libertad de expresión y de información, consagradas por la Constitución. También se propone el marco y la composición de un equipo de trabajo para la elaboración de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación.
Contenido
Plan de acción
El Plan de Acción contra la Desinformación fue creado en 2018 a petición de la Comisión Europea para afrontar, dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, la desinformación y las campañas que puedan afectar a la seguridad ciudadana o a la estabilidad de las instituciones. Tomando como punto de partida ese Plan, el procedimiento considera que es «necesaria una actuación más coordinada y acorde a nuestros valores democráticos que haga frente a los riesgos para las sociedades abiertas».
«Nuestras instituciones democráticas y nuestros valores comunes −la libertad de expresión y la libertad y pluralidad de los medios de comunicación, entre otros− son el fundamento de la resiliencia de nuestras sociedades frente a los desafíos», según remarca el texto.
Autoridades responsables
En la lucha contra la desinformación estarán implicados el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación y las autoridades públicas competentes, así como los propios medios de comunicación, el sector privado y la sociedad civil. El procedimiento establece cuatro niveles de activación «que sirven tanto para la detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas».