El Ejecutivo ha aprobado las características del primer tramo de la línea por importe de 8.000 millones de euros, de los que 5.000 se destinarán a garantizar préstamos de autónomos y pymes y 3.000 al resto de empresas.
La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que la nueva línea de avales se suma a las medidas ya adoptadas desde el inicio de la pandemia para apoyar la liquidez y solvencia de las empresas, entre las que destacan los avales públicos canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El Consejo de Ministros extraordinario celebrado el 3 de julio aprobó el Real Decreto-ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, que incluía la creación de una nueva línea de avales del ICO dotada con 40.000 millones de euros. Hoy aprueba el acuerdo que recoge las características del primer tramo de esa línea por importe de 8.000 millones.
Calviño ha detallado que 5.000 millones se reservarán para avalar la liquidez del capital circulante de pymes y autónomos, es decir, el pago de sus alquiles, suministros y salarios, y para fomentar la inversión productiva en áreas donde se genere valor añadido, en especial, en los ejes de la sostenibilidad medioambiental y la digitalización. Los otros 3.000 millones se destinarán al resto de empresas. El aval del Estado cubre el 80% de los nuevos préstamos de autónomos y pymes, y el 70% de los préstamos solicitados por el resto de empresas.
La anterior línea del ICO, aprobada el 17 de marzo y dotada con 100.000 millones de euros, cubrió las necesidades de liquidez y circulante del tejido productivo y ahora se impulsa también la inversión de los autónomos y empresas.
Nadia Calviño ha destacado que, en conjunto, se movilizarán 140.000 millones de euros en avales. Y a través de la colaboración público-privada se podrían movilizar 200.000 millones en liquidez e inversión para paliar el daño estructural generado en tejido productivo por el coronavirus, impulsar la recuperación económica, la creación de empleo y apoyar específicamente a los sectores más golpeados.
La vicepresidenta tercera también ha indicado que, a 26 de julio, se han aprobado un total de 741.000 operaciones con cargo a la línea de avales para autónomos y empresas, que han permitido canalizar más de 92.000 millones de euros de financiación de tejido productivo.
Nadia Calviño ha argumentado que este programa de apoyo a la liquidez canalizado a través del ICO ha logrado movilizar un mayor volumen de recursos en términos de Producto Interior Bruto que otros países de nuestro entorno. «Es un esfuerzo del conjunto de los contribuyentes, pero está siendo eficaz para el sostenimiento del tejido productivo, el apoyo a las rentas de las familias y es una buena base para la recuperación económica a partir de la segunda parte del año», ha dicho.
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El impacto conjunto de las medidas asciende a un 20% del PIB
Durante su intervención, la titular de Asuntos Económicos ha defendido que el Gobierno ofrecido medidas económicas y sociales en paralelo a la evolución de la pandemia y a la respuesta a la emergencia sanitaria.
En este sentido, Nadia Calviño ha mantenido que en la primera fase de la pandemia o fase de resistencia, el Ejecutivo puso en marcha un plan de choque para apoyar al tejido productivo, proteger las rentas y a las familias, tratando así de minimizar el impacto negativo de la propia pandemia, de la caída de la demanda y de la reducción de la actividad económica. Entre esas iniciativas ha citado la flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES), las líneas de avales del ICO, la prestación extraordinaria para autónomos, y medidas de apoyo los colectivos más vulnerables. «Este plan evitó un escenario disruptivo, que podía haber supuesto una caída del PIB de nuestro país incluso superior al 25% en el conjunto de 2020 poniendo en peligro más de tres millones de empleos adicionales», ha dicho.
En relación con los ERTES, la vicepresidenta ha incidido en que se han realizado a través del diálogo social y «han permitido proteger con unas condiciones excepcionales hasta a 3,4 millones de personas y a más de 550.000 empresas». También ha señalado que más del 64% de los trabajadores -unos 2.200.000- que estaban en ERTES a finales de abril ya se han reincorporado a sus puestos de trabajo.
En una segunda fase, el Gobierno impulsó un plan de reactivación de la actividad, la reapertura de los negocios y del empleo, sentando así las bases para «un crecimiento robusto en el próximo año». Con este fin, ha sostenido la vicepresidenta, se extendieron los instrumentos de la etapa anterior y se adoptaron planes específicos para los sectores más afectados por la crisis, como el turismo, el automóvil, la ciencia y la cultura.
Calviño ha afirmado que el impacto conjunto de las medidas adoptadas en estas dos fases asciende a un 20% del PIB previsto para el año 2020.
La vicepresidenta ha avanzado que, en una tercera fase, que se anunciará a partir del otoño, se implantará un plan de recuperación y resiliencia con el objetivo, no solo de impulsar el crecimiento económico a corto plazo, sino de apoyar, con los nuevos fondos comunitarios recientemente aprobados, un proceso de transformación y de modernización de la economía que favorezca un crecimiento «más inclusivo y sostenible» a largo plazo.
Encuesta de Población Activa
Nadia Calviño ha manifestado que los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al segundo trimestre «son perfectamente coherentes con la evolución económica prevista en esta situación absolutamente extraordinaria».
Los datos muestran un retroceso de la ocupación superior a un millón de personas respeto al trimestre anterior y un incremento del desempleo en 55.00 personas. «La diferencia que hay entre la caída de la ocupación y el relativamente limitado incremento de la tasa de paro se encuentra en la pronunciada subida de la población inactiva derivada de la dificultad de la búsqueda activa de empleo en la situación extraordinaria derivada de la pandemia», ha dicho.
La ministra de Asuntos Económicos ha subrayado tres elementos recogidos en la EPA: la expansión del trabajo a distancia, el papel de los ERTES y el papel de la prestación por cese de actividad o caída significativa de los ingresos de los autónomos. «Refleja una caída muy limitada del trabajo por cuenta propia incluso un aumento de los autónomos sin asalariados con respecto al trimestre anterior».
Previsiones económicas
Calviño ha añadido que la previsión del Gobierno, recogido en el Programa de Estabilidad que envió a Bruselas en abril, se caracteriza por una caída intensa de la actividad limitada en el tiempo y una recuperación en forma de V asimétrica.
A su juicio, el perfil y la rapidez de la recuperación dependerán de una serie de factores, el más relevante la evolución de la epidemia, no solo en España, sino en el mundo, de las respuestas en el ámbito sanitario y de política económica, y del impacto que tenga la epidemia en los distintos sectores.
Situación en España ante el COVID-19
La portavoz del Gobierno ha afirmado que el Gobierno de España y las comunidades autónomas, en permanente coordinación, están realizando un trabajo serio en la prevención, control y contención de la pandemia del COVID-19: «Queremos lanzar un mensaje claro de confianza en nuestro país, un destino seguro que se ha preparado y reforzado para hacer frente al virus».
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, por su parte, ha coincidido en señalar que la pandemia en España está «controlada», como en el resto de países europeos de su entorno y a diferencia de América, donde ahora se está dando el mayor número de casos según los datos de la Organización Mundial de la Salud.
Mecanismos de control
El ministro de Sanidad ha defendido que España cuenta con los instrumentos «suficientes» para seguir manteniendo la pandemia bajo control, especialmente el Real Decreto-ley 21/2020, conocido como «de nueva normalidad», y el Plan de respuesta temprana acordado entre Gobierno de España y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
A juicio de Illa, las comunidades autónomas, que tienen «un papel preeminente y fundamental» en esta fase, están adoptando medidas «adecuadas y correctas», especialmente en lo relativo a la detección precoz de casos y brotes, su aislamiento y vigilancia y las medidas de limitación de las reuniones familiares, de amigos y las actividades de ocio nocturno, que están en el origen de muchos nuevos casos. Asimismo, ha valorado su trabajo de cribado y de búsqueda activa de nuevos casos, con hasta 45.000 pruebas PCR diarias, que está permitiendo detectar alrededor de un 60% de casos asintomáticos.
Actualmente existen en el territorio español 361 brotes activos, aunque el 70% de ellos tienen menos de 10 casos asociados. El 64% de los nuevos casos se concentran en Cataluña y Aragón, pero Illa ha valorado que incluso en estas zonas más afectadas la presión hospitalaria está siendo baja, lo que permite «mantener una asistencia regular y planificada». La cifra de fallecidos en la última semana se ha mantenido en toda España en torno a 6 y 7 personas.
Llamamiento a la responsabilidad individual
Illa ha asegurado que para que todas las medidas adoptadas sean realmente efectivas la ciudadanía debe seguir cumpliendo con todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias de sus comunidades autónomas y mantener el uso de la mascarilla, la higiene de manos y la distancia interpersonal: «las tres emes, mascarilla, manos y metros».
En este sentido, la portavoz del Gobierno ha apelado a la «insustituible» responsabilidad individual para cumplir con las normas y evitar lamentar la pérdida de vidas humanas y mayores perjuicios económicos y sociales.
Posible vacuna en 2021
El ministro ha recordado que hay que convivir con el virus «sin miedo, pero con respeto» hasta que haya un tratamiento efectivo o una vacuna, y ha adelantado, «con «precaución», la posibilidad de que en la primera mitad del año que viene haya una o varias vacunas disponibles. Así se desprende, ha señalado, de la información de que disponen tanto el Ministerio de Sanidad como el de Ciencia e Innovación, cuyos respectivos equipos participan a nivel europeo en el seguimiento de la evolución de las investigaciones y las negociaciones con distintos proveedores potenciales.